Carretera federal 180, el gran fraude de la SCT en Los Tuxtlas

Se aplicaron mil 300 millones de pesos y la obra no alcanza ni el 40% de avance aunque debió entregarse en 2018. La maquinaria está abandonada en un predio de la colonia Fovissste.

Víctor M. Toriz

Un pequeño pueblo atrapado en las curvas de la carretera en los límites de los municipios de Santiago y San Andrés Tuxtla llamado Tepesiluapan, pero conocido más como El Amate, muestra la miseria y abandono de gobiernos en al menos 30 años.

Es una localidad de apenas 65 habitantes dedicados a la agricultura, que no cuenta con el suministro total de los servicios básicos entre los que se incluyen agua potable, drenaje y electricidad.

A diferencia de las comunidades con alta marginación enclavadas en zonas de difícil acceso, El Amate se localiza a 150 kilómetros del puerto de Veracruz, transitando por la carretera federal 180, vía de comunicación que conecta el sur con el norte del país de extremo a extremo en la región occidente.

A pesar de contar con las características para detonar proyectos económicos en la región, por tener conectividad con el Puerto de Veracruz y la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, el mal estado de esta carretera mantiene casi en el aislamiento a los habitantes de esta comunidad rural.

La negligencia, omisión y probable corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto pudo haber frenado el desarrollo en esa localidad, así como en los municipios que integran la región de Los Tuxtlas y el sur de Veracruz.

En el 2013, luego de que un año antes en la campaña presidencial firmó ante notario público como compromiso 161 la rehabilitación de la carretera federal 180, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) presentaría el proyecto de Modernización de la Carretera Federal México 180. Tramos Santiago-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan.

Desde entonces, la dependencia federal que se mantuvo a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, otorgó al menos nueve contratos a empresas constructoras que jamás concluyeron las obras pactadas.

La Auditoria Superior de la Federación en las revisiones de las cuentas públicas de años posteriores emitió diversas observaciones por inconsistencias en dichos contratos, que terminaron por la cancelación de estos y en algunos casos en la inhabilitación de las empresas.

En total, según el monto de los contratos asignados, se habrían aplicado mil 300 millones de pesos en las obras, de los mil 600 millones de pesos asignados en total, con un avance de obra tangible que no alcanza ni el 40 por ciento del proyecto, que debió entregarse en el 2018.

Una de las primeras empresas ganadoras de las licitaciones fue Ingeniería Civil, Calidad Total y Servicios Agregados S.A. de C.V. con domicilio fiscal en el estado de Puebla, que se supone intervendría el tramo Cosoleacaque – Acayucan, pero que más tarde fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

Dicha compañía habría estado involucrada en su estado de origen en la generación de contratos fantasma, falsificación de documentos y elaboración de contratos cobrados bajo complicidad de funcionarios, de acuerdo con una investigación de la entonces Procuraduría General de la República.

En el caso de Veracruz, los contratos realizados con fecha del 7 de septiembre de 2015, con número de contrato: 2015-30-CE-A-171-W-00-2015 no contemplaban fianzas, ni iban respaldados por afianzadora alguna.

Los incumplimientos y recisiones de contrato fueron una constante en la obra en los siguientes años.

Ingeniería y Arquitectura Camar S.A. de C.V. responsable del tramo Santiago Tuxtla-Catemaco dejó abandonada la obra sin contar con afianzadora para restituir los recursos que se le otorgaron como adelanto.

Ya en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto se otorgaron tres nuevos contratos a diferentes empresas con el compromiso de concluir las obras en ese mismo año para dar por finalizado el compromiso adquirido en la campaña presidencial.

Sin embargo, una de las empresas que tenía a su cargo el tramo Santiago – San Andrés Tuxtla abandonó la obra en medio de un litigio en el que acusó a la SCT de incumplimiento, al no actualizar el costo de la obra y elevar el monto de inversión al que estaría obligada la constructora.

Su propietario es identificado por autoridades municipales del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla como el empresario Francisco Pitalúa, a quien tratamos de contactar sin éxito, pero cuya maquinaria abandonada pudimos corroborar que se encuentra en un predio localizado en las inmediaciones de la colonia Fovissste, cerca de la carrera 180.

A pesar de lo anterior, no existen personas procesadas o sancionadas directamente por lo que se configuraría como el desvío de los recursos o, en el menor de los casos, el incumplimiento del contrato.

Un trayecto de 170 kilómetros que podría recorrerse en un lapso de una hora y media,  lleva a los automovilistas a transitar hasta cuatro horas desde el puerto de Veracruz hasta el municipio de Catemaco por la carretera federal 180.

En el trayecto se tienen que recorrer tramos que se prolongan varios kilómetros con baches que impiden alcanzar velocidades arriba de los 40 kilómetros por hora.

Es un tramo altamente transitado debido a que es la única vía de comunicación con la región, por lo que el tráfico de unidades pesadas en algunos puntos hace imposible rebasar debido a que es una carretera de un solo carril.

A lo anterior se le suma la falta de señalización, situación peligrosa particularmente en tramos con curvas, en donde incluso existen zonas de alto riesgo por precipicios y barrancos que se sitúan en la región serrana.

Así es la carretera federal 180 en la región de Los Tuxtlas, una vía estratégica reducida a una vía complicada de atravesar.

Desinterés total

El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, afirma que lo cierto es que existió un desinterés total de autoridades de gobiernos anteriores por mejorar la calidad de las vías de comunicación en esa región.

Asevera que hubo una especie de ‘aislamiento’ con la construcción de la autopista La Tinaja, ya que se excluyó a los municipios costeros con potencial turístico, industrial y agrícola.

En esta localidad el Ayuntamiento solicitó hacerse cargo del tramo carretero de la 180 que atraviesa su zona urbana, eximiendo de la responsabilidad de mantenimiento a la SCT, sin embargo, la respuesta fue negativa.

Pérez Garay dijo que desde el 2018 se realizan las gestiones que en dos ocasiones fueron rechazadas.

“Estamos tratando de quitar una preocupación, tres y medio kilómetros que ya no serían preocupación de ellos, sino serían una preocupación de nosotros y nos darían el marco jurídico para poder invertir recursos en ese tramo federal.”

Atraviesa el país

La carretera federal 180 comunica la ciudad de Matamoros en Tamaulipas con Puerto Juárez en Quintana Roo; es decir, de extremo a extremo el sur con el norte del país desde la región occidente.

Veracruz es uno de los siete estados de la República que atraviesa, cruzando por 26 municipios, sin embargo, para la región de Los Tuxtlas es la única vía de comunicación que tiene para partir hacia cualquier punto del país. De su buen estado depende el desarrollo de la región.

“Nuestra región tiene todo para crecer, para detonar turísticamente y comercialmente hablando, pero desgraciadamente nuestra carretera que es la vía principal al centro del país, a Veracruz, a Boca del Río, es lo que nos tiene aislados, estamos a 160 kilómetros, pero de una mala carretera”, agregó Octavio Pérez Garay.

La modernización de la Carretera Federal 180, tramos San Andrés Tuxtla – Catemaco y Cosoleacaque- Jáltipan – Acayucan, fue uno de los grandes pendientes de la administración anterior, ya sea por corrupción, incapacidad u omisión de las autoridades encargadas de su construcción, lo cierto es que los grandes afectados han sido los habitantes de los distintos municipios que recorre este tramo carretero, que ahora piden justicia al gobierno que abandera la Cuarta Transformación.