Paralizados proyectos energéticos

Falta de reglas y mala gestión peligran mega-proyectos de infraestructura. Varias decenas de mega-proyectos de infraestructura energética que el gobierno de Enrique Peña entregó mediante licitaciones al sector privado en el marco de la Reforma del 2013, se encuentran paralizados mas de seis meses en un entorno de incertidumbre social y jurídica.

María Eugenia Hernández
Analista Económico Financiero


Y no se debe precisamente al llamado “Efecto Trump”, al que este año se atribuyen todos los males de la economía; sino por una ineficiente gestión y corrupción de las instancias oficiales que aceleraron la adjudicación de contratos.

Por falta de reglas precisas para realizar Evaluaciones Ambientales y de Impacto Social y leyes secundarias para la entrada en funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, aproximadamente cincuenta proyectos para líneas de ductos subterráneos para gas, petroquímicos y gasolina, de obras de perforación de pozos exploratorios y desarrollo de yacimientos, al igual que hidroeléctricas, proyectos de energía geotérmica, parques eólicos y fotovoltaicos que significan inversiones por mas de 10 mil millones de dólares, se encuentran en vilo en 17 estados del país.

Las obras suspendidas se localizan en mas de la mitad del territorio nacional, sin embargo los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por falta de consulta a las comunidades y por no contemplar impactos ambientales potenciales son Oaxaca (14), Puebla (8), y Veracruz y Quintana Roo (4 cada uno).

Destacan tres proyectos interestatales como los gasoductos Morelos que incluye los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos; Guaymas – Encino con los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua; y el Poliducto Tuxpan – Arco Norte que atravesaría territorios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México.

Contratos al vapor

En 2015, la Secretaría de Energía (Sener), presentó un escenario luminoso anunciando que las inversiones privadas en el sector alcanzarían un monto cercano a 65 mil millones de dólares y que respaldarían la creación de más de 200 mil empleos directos e indirectos.

A la fecha se han entregado 39 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 22 de gasoductos y 74 de electricidad limpia, es decir un total de 135 proyectos que representan una inversión de más de 70 mil millones de dólares.

Sin embargo, la improvisación y rapidez con la que se concretaron las rondas de licitaciones y la falta de coordinación entre Congreso Legislativo y las dependencias oficiales para garantizar que la construcción de infraestructura para Pemex y la CFE no representara riesgos para los habitantes ni el medio ambiente de las zonas, favoreció vacíos legales que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos aprovecharon para denunciar anomalías, obtener amparos y suspender las obras.

Los representantes de la sociedad civil denunciaron que de acuerdo con el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Sener “debió solicitar a los afectados la autorización para el desarrollo de un proyecto de cualquier tipo”, porque así lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de Protección de Derechos de Comunidades Originarias, al que está suscrito México y que debe respetarse al igual que la Constitución del país.

Los proyectos que mejor ejemplifican la situación por la que atraviesan son el Gasoducto Guaymas – El Encino de la empresa TransCanada que fue suspendido por las comunidades Rarámuris de Chihuahua y Yaquis de Sonora y donde ha habido hasta enfrentamientos por las disputas territoriales dado que no se consultó a los indígenas para asignar las obras en sus territorios.

Otro caso mas cercano lo representa la obra de instalación de una subestación y línea de transmisión de electricidad de la CFE en la sierra Nororiental donde colindan los estados de Puebla y Veracruz y se ubican los Pueblos Mágicos de Cuetzalan, Zacatipan, Xiloxochico y Xocoyolo, entre otros.

Las comunidades indígenas aseguran que no permitirán la obra pues consideran que la línea de alta tensión que medirá mas de 20 kilómetros de longitud, tendrá un alto impacto ambiental sobre las zonas arboladas, incluso en los cafetales, afectando su crecimiento a lo largo de su trazo. Añadieron que también se verá afectada la producción de miel, debido a que “las abejas dejan de recoger polen y producirla al ser dañado su sentido de orientación a causa del campo magnético que generan”, por lo que perjudicará a dos de las principales actividades económicas de la zona.

Sector privado teme derrames, sobornos y corrupción

Ante este escenario lamentable, organizaciones empresariales como la American Chamber of Commerce, advierten que mientras no se aprueben las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente discutidas en el Senado, ni se defina claramente que es un “delito de corrupción”, así como la función “específica” de la nueva fiscalía o las sanciones que establecerá el Tribunal Federal Administrativo, no se contará con mecanismos efectivos para lograr la producción anhelada de mega- inversiones en el sector energético.

De acuerdo a la consultoría Ernst & Young, los nuevos jugadores de la industria petrolera son los mas preocupados por el latente riesgo de tener que ceder a sobornos y corrupción o de necesitar contratar abogados para defenderse de hurtos, ordeña de ductos, pérdidas por derrames de hidrocarburos contaminación y desastres ecológicos que irreversiblemente afectarían su relación con las comunidades afectadas.

Semarnat remite evaluación de impacto de gasoductos a ASEA

Durante el 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que hasta entonces se encargó de medir el impacto ambiental de las nuevas obras mediante “consultas públicas”, suspendió la entrega de evaluaciones para remitir esta función a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), instancia creada para “emitir lineamientos, autorizar y supervisar sistemas de gestión y prevención de riesgos operacionales y ambientales en el sector petrolero”.

Cabe mencionar que al relevar las evaluaciones de impacto ambiental, que en promedio realizaba Semarnat entre 60 y 120 días hábiles, se buscó simplificar el proceso y reducirlo a solo 20 días. Sin embargo el nuevo réferi ambiental no cuenta con experiencia ni tampoco con el personal suficiente para cumplir con la meta y además tiene que incorporar nuevos procesos para cumplir la disminución de contaminantes CO2 a la atmósfera como se comprometió el gobierno de Enrique Peña Nieto al firmar el Acuerdo de Paris el año pasado.

Entre los proyectos de mayor magnitud que desde octubre pasado fueron suspendidos por la nueva reglamentación se encuentra el Poliducto Tuxpan Arco Norte, catalogado como un proyecto riesgoso; corre a cargo de la firma PMI Norteamérica y atravesará los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Tendrá una longitud de 781 kilómetros y está diseñado para la transportación de gasolina y diésel. La inversión prevista es de 410 millones de dólares, según se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Otro gran mega-proyecto que después de cinco meses, aún continúa evaluando la ASEA es El Encino-La Laguna Fase Dos, que consiste en la construcción de un gasoducto de 42 pulgadas de diámetro con una longitud de 350 kilómetros entre los estados de Chihuahua y Durango que promueve la empresa Fermaca Pipeline.